Con el voto unánime de todas las fuerzas políticas, el pleno del Senado avaló el nacimiento del Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de contar con un sistema de protección eficaz en todo el territorio nacional, que será operado por la nueva y fortalecida Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero alimentada con datos de diferentes instancias del país.
De igual manera, avaló que, por órdenes del Ministerio Público, los agresores de mujeres sean desalojados de sus casas, independientemente de si son dueños o no del inmueble, a fin de salvaguardar la seguridad de la víctima.
Además, se llevó a ley la obligación de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
La reforma secundaria en materia de igualdad sustantiva establece que “en casos de peligro inminente o extrema urgencia, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá determinar la desocupación inmediata por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo”.
Como parte del paquete de reforma secundaria en materia de igualdad sustantiva, el pleno del Senado aprobó el registro nacional, que de acuerdo con la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, es una demanda histórica del movimiento feminista.
La reforma pretende que “la información contenida en el Registro Nacional permitirá entre otras acciones, la verificación de antecedentes de violencia a víctimas por el mismo agresor.
La información y datos contenidos en el Registro Nacional se clasifica como reservada para todos los efectos legales, su posesión, uso y transmisión tendrá como único objetivo, el plasmado en la presente ley y las autoridades deberán dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, dispone.
También se adiciona al caso de violencia vicaria el deber de la autoridad de salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Fuente: Excelsior
